Hay acontecimientos que pertenecen a la historia y otros que terminan formando parte de la conciencia moral de un pueblo. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace ya casi tres décadas, pertenece a esta segunda categoría.
Acabo de ver el documental que reconstruye aquellos dramáticos días de julio de 1997. Aunque conocía los hechos, volver a recorrer aquellas horas produce la misma sensación de impotencia, de dolor y de reflexión. La historia no cambia, pero nuestra manera de comprenderla sí.
Durante muchos años, ETA sembró el terror en España. Sus víctimas fueron hombres y mujeres de muy distinta condición: guardias civiles, policías, militares, jueces, periodistas, empresarios, profesores, concejales y ciudadanos anónimos. La organización pretendía imponer un proyecto político mediante el miedo y la violencia.
Sin embargo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco provocó algo que ETA nunca había previsto.
El miedo empezó a cambiar de bando.
Millones de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles para decir que ninguna idea política justifica el asesinato de un ser humano. No importaba la ideología, la religión, la profesión o el lugar de nacimiento. Durante aquellos días apareció una España unida por un valor superior a cualquier diferencia: la defensa de la vida y de la dignidad humana.
Aquello recibió un nombre que todavía hoy conserva toda su fuerza simbólica: el Espíritu de Ermua.
Pero, al volver sobre aquellos acontecimientos, no solo me ha impresionado la reacción de la ciudadanía. También me ha llamado profundamente la atención la altura moral de algunos responsables políticos.
Recuerdo especialmente la actuación del alcalde socialista de Ermua. En medio de la rabia colectiva, cuando el dolor podía haber desembocado fácilmente en enfrentamientos y actos de venganza, hizo un llamamiento a la serenidad y encabezó manifestaciones pacíficas. Su prioridad fue proteger la convivencia y evitar que el odio respondiera al odio.
Ese comportamiento demuestra que la verdadera política no consiste únicamente en administrar instituciones o ganar elecciones. Consiste, sobre todo, en preservar la paz civil cuando las emociones amenazan con destruirla.
También fue extraordinariamente difícil la posición del Gobierno presidido por José María Aznar. ETA pretendía doblegar al Estado mediante un chantaje insoportable: intercambiar la libertad de un hombre por decisiones políticas. La negativa a ceder tuvo un coste humano inmenso y continúa siendo objeto de debate ético e histórico. Nadie puede contemplar aquellos acontecimientos sin comprender el drama moral que encerraban.
Las grandes decisiones de Estado rara vez son sencillas.
Precisamente por eso exigen dirigentes capaces de pensar más allá del corto plazo.
Han pasado los años y España ha derrotado definitivamente al terrorismo de ETA. Esa victoria pertenece a toda la sociedad democrática y a todas las instituciones que defendieron el Estado de derecho. Pero el final del terrorismo no significa que hayan desaparecido todos los desafíos.
Hoy observo otra preocupación.
Ya no es el miedo provocado por las armas.
Es la creciente polarización política.
Desde mi condición de africano, llevo más de medio siglo viviendo en España. He aprendido a querer este país como el lugar donde he construido mi familia, mi profesión y buena parte de mi vida. Precisamente por ese cariño me preocupa contemplar cómo el enfrentamiento político ocupa demasiadas veces el espacio que debería pertenecer al diálogo.
No escribo estas líneas desde ninguna militancia partidista.
No soy hombre de izquierdas ni de derechas.
Soy, sencillamente, un africano formado en una cultura comunitaria.
Antes de conocer las teorías políticas occidentales aprendí otras lecciones mucho más sencillas, transmitidas por mis padres y por mi pueblo.
Aprendí que una comunidad solo prospera cuando nadie piensa exclusivamente en sí mismo.
Aprendí que la autoridad existe para servir y no para servirse.
Aprendí que quien ocupa una responsabilidad debe escuchar incluso a quien discrepa.
Y aprendí una verdad que nunca he olvidado:
los que menos tienen suelen ser quienes más comparten.
Esa enseñanza no figuraba en ningún tratado de filosofía política.
Era simplemente la forma natural de vivir en comunidad.
Quizá por eso me resulta difícil comprender una política donde el adversario termina convirtiéndose en enemigo, donde el insulto sustituye al argumento y donde el interés del partido parece imponerse demasiadas veces al interés general.
No pretendo afirmar que cualquier tiempo pasado fuera mejor.
La democracia española ha demostrado una enorme capacidad para superar desafíos muy difíciles. Ha construido uno de los periodos de mayor libertad, prosperidad y estabilidad de su historia reciente. Precisamente por ello merece preservar aquello que hizo posible ese progreso: el respeto institucional, el diálogo, la búsqueda del consenso cuando el interés nacional así lo exige y la convicción de que existen principios que deben situarse por encima de cualquier estrategia política.
Y es aquí donde aparece la pregunta que considero verdaderamente importante.
¿Puede gobernarse un país sin ética?
Mi respuesta es no.
Un gobierno puede mantenerse durante algún tiempo gracias a las mayorías parlamentarias.
Puede aprobar leyes.
Puede ganar elecciones.
Puede administrar recursos.
Pero ninguna democracia puede fortalecerse si pierde el sentido ético que debe orientar el ejercicio del poder.
La ética no es un lujo reservado para los filósofos.
Es la condición indispensable para que los ciudadanos confíen en sus instituciones.
Sin ética desaparece la credibilidad.
Sin credibilidad desaparece la confianza.
Y sin confianza termina debilitándose la propia democracia.
Quizá esa sea la principal lección que todavía podemos extraer del Espíritu de Ermua.
Cuando una sociedad coloca la dignidad humana por encima de las diferencias ideológicas, descubre que es mucho más fuerte de lo que imaginaba.
Ojalá España recupere cada día un poco de aquel espíritu.
No para enfrentarse a un enemigo armado, como ocurrió entonces.
Sino para vencer algo mucho más silencioso y quizá más peligroso: la pérdida del sentido del bien común.
Porque ningún país se destruye únicamente por sus problemas económicos o por sus discrepancias políticas.
Los pueblos empiezan a debilitarse cuando dejan de compartir unos mínimos principios éticos que todos reconocen como propios.
Como africano, como educador y como ciudadano que lleva más de cincuenta años viviendo en España, sigo creyendo que la ética no pertenece a ninguna ideología.
Pertenece a la condición humana.
Y cuando la política olvida esa verdad, toda la sociedad acaba pagando las consecuencias.
Simplicio Nsue Avoro, educador y pedagogo